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La Cuestión Ambiental en la Provincia de Jujuy

In Uncategorized on 21/08/2010 at 1:20 pm

La Provincia de Jujuy tiene una particularidad asombrosa: de las 5.321.900 has. (53.219 km2) que componen su territorio, casi la mitad, 2.334.265 has., se encuentran rotuladas hoy bajo algún tipo de denominación que expresa la necesidad de su protección y conservación ya sea por sus atributos ecológicos y/o culturales y por albergar más de la mitad de la biodiversidad biológica que encontramos en la Argentina:

- Reserva Provincial ALTO ANDINA DE LA CHINCHILLA 368.529   HAS

- Reserva Provincial de fauna y Flora ARROYO DEL MEDIO 10.000      HAS

- Reserva de Biosfera LAGUNA DE LOS POZUELOS 396.000   HAS

- Monumento Natural LAGUNA DE LOS POZUELOS 160.000   HAS

- Sitio Ramsar LAGUNAS DE VIALMA 157.000   HAS

- Reserva Natural Provincial LAS LANCITAS 9.536        HAS

- Reserva de Flora y Fauna OLAROZ – CAUCHARI 205.721   HAS

- Parque Provincial PORTERO DE YALA 4.300        HAS

- Reserva de Biosfera YUNGAS 405.000   HAS

- Parque Nacional CALILEGUA 76.320      HAS   

- Sitio de Patrimonio de la Humanidad QUEBRADA DE HUMAHUACA 541.765   HAS

- Área natural protegida LOS DIQUES 2.685        HAS

Debe llamarnos la atención, y movilizarnos, el hecho de que Jujuy se distinga del resto de las Provincias de la Argentina en cuanto a la magnitud territorial de las zonas declaradas como merecedoras de conservación, las cuales representan el 44 % del territorio. De las 12 áreas protegidas de nuestra Provincia, solo el Parque Nacional Calilegua y el Monumento Natural Laguna de Los Pozuelos son de jurisdicción federal y forman parte del Sistema de Parques Nacionales, encontrándose bajo el control y vigilancia del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, con un grado de control aceptable e insuficiente respectivamente según informe de la SIFAP[1]. Las restantes se encuentran sometidas al dominio público provincial, en consecuencia su control y vigilancia es compromiso y deber del Estado provincial.

Cabe destacar que las tres áreas que comprenden el grueso de la superficie protegida –Reserva de Biosfera Yungas, Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos y el Sitio de Patrimonio de la Humanidad Quebrada de Humahuaca- fueron declaradas por la UNESCO con el fin de advertir su importancia natural y cultural, para luego fomentar la conservación de la herencia de la naturaleza y de los pobladores originarios de nuestra región. (Ver ANEXO I: MAPA DE AREAS PROTEGIDAS PROVINCIALES)

Ahora bien, hay un dato igualmente significativo: el grado de control que se ejerce sobre las áreas protegidas de jurisdicción provincial está catalogado en todos los casos como insuficiente o nulo según la SIFAP.

Resulta alarmante que frente a la riqueza de esta realidad ecológica y cultural provincial, heredada de forma natural, no se lleven a cabo medidas apropiadas para su protección y preservación, así como para su manejo sustentable. Es importante recalcar que el Estado provincial es responsable de esta situación, ya que como consecuencia del Art. 121 de la Constitución Nacional, que establece que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal […]”, en virtud de su Art. 124, en lo referido a que “[…] Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en su territorio”, así como también por influencia del Art. 41 cuando dice que “[…] Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección (del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado), y a las provincias, las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”, la regla es que el Estado provincial tiene el compromiso, el deber y sobre todo la oportunidad, no solo de elaborar los planes de conservación y manejo sustentable de las áreas naturales y/o culturales protegidas sometidas a su jurisdicción -y por supuesto, ejecutarlos-, sino también, de llevar adelante las acciones positivas tendientes a materializar los derechos ambientales consagrados por la Constitución Nacional y Provincial, para que de ese modo las prescripciones normativas de derecho ambiental contenidas en ellas no sean simples expresiones de deseo y se confirmen como reglas realmente efectivas que produzcan efectos tangibles en la vida de nuestros hijos y nietos, los futuros pobladores de esta provincia.

Sin embargo, la cuestión ambiental requiere de un análisis más profundo, que supera los límites del Estado considerado como simple administrador y se engloba en el concepto de Estado considerado como promotor de ciertos valores y compromisos sociales de sus ciudadanos. Es un error, y una buena forma de garantizar el fracaso de los objetivos vinculados a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable, asignar al Estado toda la responsabilidad vinculada a la conservación de la naturaleza. No cabe duda de la importancia de la intervención estatal en este aspecto, y de la necesidad de aumentar los esfuerzos para mejorar la gestión de las Áreas Protegidas a cargo de la administración pública provincial. No obstante a ello, el sistema estatal es insuficiente para garantizar por sí solo, al largo plazo y en un esquema de cambios climáticos y económicos continuos, la preservación eficiente de la biodiversidad en su conjunto y la riqueza de los sistemas naturales e histórico- culturales de la Provincia.

Para graficar esta problemática podría ser útil una sencilla comparación del medio ambiente con la economía: en la actualidad los mercados locales no pueden existir de manera aislada, ya que el comportamiento de los productores y consumidores de una región influye en los efectos económicos de la otra, predeterminando, promoviendo o desalentando alguno de sus factores de crecimiento. De manera similar el comportamiento de los seres humanos en relación con la naturaleza produce efectos positivos o negativos sobre su ambiente natural más próximo, pero la biodiversidad no puede ser entendida como susceptible de ser limitada espacialmente a un determinado territorio, ya que los efectos que se producen sobre un área natural determinada se propagan a otras aunque sus atributos geográficos, climáticos, su fauna y/o su flora sean diferentes. Vale recordar que esta comparación es intencionadamente excesiva: la naturaleza es el presupuesto de toda forma de vida en el planeta, lo es hoy, lo fue siempre y seguirá siéndolo mientras tomemos conciencia de su importancia. Sin embargo, no es casual tomar a la economía como punto de comparación, ya que la clave del éxito de la conservación del medio ambiente está en articular medidas que permitan generar el desarrollo económico de una región de manera sustentable, sin comprometer la existencia futura de los recursos utilizados.

La biodiversidad de nuestra Provincia no está situada únicamente en las zonas denominadas como Áreas Protegidas, sino que se expande a través de todo su territorio, sea este de dominio público o privado. Como consecuencia, es imprescindible -y en esto sí es totalmente responsable el Estado provincial- generar nuevas herramientas legales que incentiven a los propietarios privados a conservar los valiosos recursos naturales que están en sus dominios, y complementariamente brindarles efectivas protecciones frente a los daños ambientales que pudieran sufrir de terceros, especialmente en aquellos lugares que puedan contribuir a aumentar la cobertura y representación insuficientes de las áreas protegidas existentes, ayuden a ocupar vacios territoriales para la estructuración de corredores ecológicos o preserven sitios con especial riqueza natural y/o cultural.

Este desafío de convertir la normativa ambiental constitucional en medidas realistas -y por ende efectivas-, y esparcirlas progresivamente entre los ciudadanos como herramientas generadoras de condiciones que tiendan a la preservación de la naturaleza hace a la esencia del ser humano como principal responsable del porvenir de su existencia. En este sentido, las herramientas legales de protección dispuestas en el sistema democrático de derecho producen un efecto directo en la generación de los hábitos de una comunidad, y en la jerarquización de las prioridades de las mismas.

De este modo, por ejemplo, la importancia de la propiedad privada como idea base de nuestra forma socioeconómica de vida surge, entre otras cosas, porque existen medidas efectivas que están dispuestas de manera eficaz para lograr su protección. Si no fuera protegida en la medida actual, muy posiblemente la propiedad privada de bienes carecería del valor económico y social que detenta en el mundo actual. En consecuencia, hasta que no se promuevan con firmeza nuevas y concretas medidas de protección del medio ambiente, y no se ponga a disposición de los ciudadanos la posibilidad de echar mano de esas medidas para hacerlos formar parte del objetivo conservacionista, la preservación de la naturaleza no va a ser verificable en la realidad de los hechos.

La naturaleza jurídica de la biodiversidad y los ecosistemas está comenzando a ser objeto de importantes replanteos vinculados con el hecho de considerar al medio ambiente como un bien público de toda la comunidad en tanto y en cuanto es imposible que alguien pueda ser propietario exclusivo del mismo, y como bien privado de cada individuo en lo referido a su protección.

Este cambio de paradigma se da en el mundo como consecuencia de que los Estados identifican y reconocen la importancia estratégica del accionar de asociaciones civiles y ONGs que por la iniciativa propia de sus integrantes han venido realizando esfuerzos técnicos y económicos desde hace años para generar espacios de discusión y de activismo directamente vinculados a alertar sobre la importancia de la biodiversidad terrestre y sus ciclos biológicos, con el fin de llevar a cabo medidas concretas con altos grados de éxito en el cumplimiento de dichos objetivos. En nuestro país existen organizaciones ambientales serias que reflejan localmente esta conciencia global sobre la necesidad de proteger las especies animales y vegetales que componen nuestros ecosistemas, nuestros hábitats naturales de desarrollo, en definitiva, los elementos bioterrestres que condicionan y posibilitan nuestra vida tal y como la conocemos.

Entre algunas de estas organizaciones podemos subrayar cuatro que por su seriedad y por los objetivos logrados pueden ser destacadas como la vanguardia en materia de proteccionismo colectivo de las áreas naturales: la Fundación PRO YUNGAS, la Fundación VIDA SILVESTRE ARGENTINA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu).

Debe ser de conocimiento entre los responsables estatales de tomar medidas ambientales, la importancia que en el ámbito provincial tiene la Fundación PRO YUNGAS en su tarea de relevamiento y gestión orientada a la planificación territorial y al establecimiento de prioridades de conservación en la alta cuenca del rio Bermejo (Jujuy-Salta), así como también en el ámbito de la conservación de las selvas de montaña mediante el diseño y gestión de reservas naturales públicas y privadas, en las jurisdicciones que contemplan la posibilidad de creación de estas últimas o de categorización de terrenos privados como reservas privadas cuando sus propietarios vienen desarrollando una visión de conservación de hábitats y especies, y de desarrollo sustentable.

Por su parte la Fundación VIDA SILVESTRE ARGENTINA tiene una trayectoria de más de 30 años que la posiciona como una organización de alcance nacional, integrada por un equipo profesional altamente capacitado con un doble objetivo: propiciar directamente la conservación de las principales riquezas naturales de la Argentina, no solo promoviendo la creación de áreas protegidas privadas, sino tomando parte activa en su desarrollo y manejo; y por otra parte fortalecer las capacidades de las administraciones públicas y privadas, y de otras organizaciones para mejorar el manejo de las áreas que ya existen.

Esta forma de abordar la cuestión ambiental implica reelaborar las estrategias públicas de control y manejo sustentable de los recursos naturales existentes en la Provincia. Ello requiere reconsiderar las bases mismas de la visión ecológica actual del Estado provincial en aras de lograr con eficacia los objetivos hasta aquí planteados. Como se dijo, dejar en manos del Estado la total responsabilidad de conservar y manejar la biodiversidad de la provincia no garantiza que el Estado logre el objetivo si no se diseña un plan que fomente valores y compromisos sociales y ciudadanos que produzcan intereses legítimos en el cuidado ambiental, mediante la posibilidad de promover la creación de áreas naturales privadas que sean administradas por los propietarios de los terrenos de acuerdo a planes de manejo sustentable aprobados y fiscalizados por la autoridad de aplicación estatal correspondiente.

Seguirá siendo infructuoso, y peligroso, el modo en que el Estado entiende la cuestión ambiental de Jujuy si no se crean canales de comunicación entre lo público y lo privado, y en este sentido el aporte que pueden realizar las empresas privadas, los particulares y las ONGs ambientales es de vital importancia.

El Estado provincial debe fomentar el compromiso de la sociedad en la preservación de los recursos naturales incentivando la aparición y multiplicación de ciudadanos y empresas que lleven adelante emprendimientos económicos de manera sustentable, y puedan obtener beneficios sin comprometer la situación futura de nuestros recursos naturales y nuestras especies.

Esto implica la necesidad de reformar las prescripciones normativas provinciales vigentes, o bien darles una correcta reglamentación. En este orden de ideas, la Ley Provincial General del Medio Ambiente contiene un solo artículo referido a la participación social, el Articulo 142, que establece que “El Estado Provincial deberá promover acciones tendientes a generar la conciencia y participación de los ciudadanos en las actividades de preservación, defensa y mejoramiento del ambiente”; sin embargo la misma norma sujeta dicha proposición a la simple realización de “campañas de difusión y [celebración de] los convenios que juzgue necesarios”. La pobreza conceptual de la idea de “participación social” que denota la norma la convierte en una prescripción legal vacía y obsoleta, puesto que no considera las verdaderas herramientas legales que pueden ser creadas estatalmente para incentivar la incorporación de la sociedad civil al control y manejo sustentable de los recursos naturales esparcidos por el territorio de nuestra Provincia.

Existen verdaderas ecorregiones que pertenecen a propietarios privados. Muchos de ellos llevan a cabo tareas de preservación de sus tierras y las manejan obteniendo beneficios económicos de manera sustentable; muchos otros ni siquiera advierten esta realidad ambiental, y la riqueza natural de sus terrenos, o quizás si la advierten, pero no existen políticas ambientales dirigidas desde el Estado provincial para fomentar su utilización sustentable, o bien para garantizar la protección de dichas zonas naturales y/o culturales privadas de los daños que produzcan terceros.

En este aspecto, muchas Provincias de nuestro país, que no cuentan con tal magnitud de  biodiversidad ni de riquezas naturales e histórico-culturales como las que posee nuestra Provincia, han comenzado a plasmar en sus legislaciones el cambio de paradigma ambiental al que nos venimos refiriendo, mediante la ampliación de la categorización de las áreas naturales y a través de incentivos fiscales y económicos que promueven la verdadera participación de la sociedad en la tarea de conservar la naturaleza, creando y expandiendo verdaderos derechos ambientales y produciendo así la aparición de la faceta ambiental del concepto de ciudadanía, así como también la faceta ambiental de los derechos económicos y empresariales. (Ver ANEXO II: ESQUEMA LEGISLATIVO COMPARATIVO)

Por lo expuesto juzgamos necesario e imprescindible que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy proceda a una exhaustiva y moderna reglamentación del citado artículo de participación social, o bien que la Honorable Legislatura de la Provincia dicte una Ley de Participación Social para la Preservación y el Manejo Sustentable de la Biodiversidad, que considere los argumentos y conceptos aquí introducidos y los materialice en efectivas herramientas y deberes legales.




[1] Sistema Federal de Aéreas Protegidas, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. www.mediambiente.gov/sifap

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